Con un genocidio en Palestina, una guerra en Europa y tensión entre potencias nucleares, no tenemos muchas buenas noticias que dar, pero hay una, deducida del general desastre, que quizá merezca reseñarse: se están creando condiciones bastante favorables para la contrainformación, la información independiente, la denuncia de la propaganda, o como se quiera llamar.
El derecho a una información libre e independiente, fuente del criterio ciudadano, es básico. Es imperativo actuar y legislar contra su asumida y general corrupción. Que un puñado de magnates controle el grueso de los medios de comunicación y que las redes sociales transmitan su ideología al conjunto de la población en condiciones de práctico monopolio, es algo tan manifiestamente obsoleto como lo fue en el pasado excluir del voto a las mujeres o a los no propietarios, o que el estrato superior de la sociedad disfrutase por nacimiento del privilegio de no pagar impuestos, como ocurría en el antiguo régimen. Poner coto a esta manifiesta irregularidad, legislando en consecuencia, regulando las incompatibilidades entre intereses privados y el derecho a una información independiente, y desarrollando medios de comunicación y redes sociales bajo control ciudadano, debería formar parte de los programas de cualquier proyecto de reforma social.
En este contexto hay que observar el considerable cortocircuito que se ha producido en la propaganda de guerra, tanto la relativa a la guerra en Ucrania como a la masacre en Palestina.
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